Andalucía es una Comunidad Autónoma intervenida de facto. Lo era ya mucho antes de las elecciones autonómicas y antes de que Valderas tomara la decisión de entrar en el Gobierno de la Junta de Andalucía (avalada por una parte de la militancia de Izquierda Unida, a otra parte no nos dejaron ni votar). Esta intervención significaba en la práctica que el nuevo Gobierno de la Junta iba a tener que trasladar a Andalucía todos los recortes aprobados por el Gobierno Central. La Junta de Andalucía se había acogido, además, al Plan de Pagos a proveedores que conllevaba la obligación de aprobar un plan de ajuste como condición para recibir el dinero. Para colmo existía la amenaza de intervención de todas aquellas Comunidades que se atrevieran a rebelarse desobedeciendo las órdenes de Madrid.
Ésa era una de las razones por las que muchos pensábamos que era un error de enormes proporciones el entrar en el Gobierno Andaluz, no teníamos margen de maniobra, tendríamos que aplicar los ajustes decididos por otros pero asumiendo sus consecuencias políticas y sociales. Ni hemos generado la crisis ni tenemos por qué aplicar las soluciones que sus causantes quieren imponernos.
